La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno hizo público un informe detallado sobre las operaciones de un conglomerado de compañías vinculadas a los empresarios José Alfredo y Raimundo Hernández Casillas. La investigación oficial señala la presunta utilización de esquemas de empresas fachada, simulación de procesos de competencia y lavado de dinero para la adjudicación de contratos millonarios destinados a la provisión de material electoral ante organismos del sistema democrático, incluyendo al Instituto Nacional Electoral.
Los hallazgos derivados de la auditoría a los registros de Compranet y de la Plataforma Nacional de Transparencia documentan la asignación de recursos públicos por un monto superior a los dos mil setecientos millones de pesos. El esquema detectado operó mediante dos fases principales de contratación institucional orientadas al abastecimiento de insumos operativos en las diversas entidades federativas del país.
Durante una primera etapa comprendida entre los años dos mil quince y dos mil veintitrés, la red de firmas comerciales obtuvo asignaciones presupuestales por un valor que excedió los dos mil noventa y cuatro millones de pesos en veintitrés Organismos Públicos Locales Electorales. Posteriormente, en el periodo correspondiente a los años dos mil veinticuatro y dos mil veinticinco, las actividades del grupo continuaron en quince estados de la República, acumulando contratos adicionales por seiscientos cuarenta y seis millones de pesos.
El informe presentado por la titular de la dependencia federal, Raquel Buenrostro, fundamenta las acciones administrativas e investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades legales derivadas del manejo de los fondos asignados. Las autoridades competentes darán seguimiento a los expedientes institucionales para el esclarecimiento de las irregularidades detectadas en las licitaciones del sector electoral.
