El Poder Legislativo registró pronunciamientos divergentes en torno a las exigencias de sanciones penales y juicio político formuladas contra la ex titular del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei. Las posturas en el Senado de la República oscilan entre la solicitud de apego estricto a las investigaciones institucionales y los llamados de la oposición para la intervención inmediata de las autoridades judiciales.
La coordinación de la mayoría parlamentaria planteó que las anomalías administrativas registradas en el órgano electoral deben ser canalizadas y resueltas por las instancias competentes bajo el principio de debido proceso y sin otorgar privilegios o impunidad. La postura oficialista enfatizó la necesidad de evitar que el desarrollo de los procedimientos legales interfiera con la certeza y los preparativos de los próximos comicios.
En contraparte, las bancadas de los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano demandaron el procesamiento penal de la ex funcionaria y la aplicación de penas privativas de la libertad ante las presuntas irregularidades en la asignación de contratos públicos. Las representaciones opositoras solicitaron la intervención conjunta de la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control.
El debate legislativo incluyó la propuesta de someter a revisión integral los manuales de contratación, adjudicación y licitación vigentes en el instituto electoral desde la reforma de dos mil catorce. El planteamiento busca reestructurar la normativa de adquisiciones para eliminar esquemas de intermediación y prevenir concentraciones en la asignación de bienes y servicios dentro de la estructura institucional.
