La organización armada de origen indígena emitió un posicionamiento público para señalar que instancias gubernamentales de los tres niveles de gobierno pretenden impedir el traslado de una delegación multitudinaria hacia la capital del país. La marcha civil contempla el desplazamiento de más de mil quinientos integrantes hacia la zona metropolitana con el objetivo de brindar respaldo solidario a colectivos de madres dedicadas a la búsqueda de víctimas.
El comunicado oficial sostiene que las trabas operativas e interferencias institucionales constituyen una violación a las garantías individuales de las comunidades participantes. Las autoridades del movimiento ratificaron su determinación de concretar el traslado programado hacia finales de año, precisando que la elección de la Ciudad de México busca evitar costos logísticos y desgastes físicos a los familiares de las víctimas radicados en el centro del territorio nacional.
El itinerario previsto abarca la permanencia en la capital durante los meses de diciembre y enero, además de recorridos programados por diversas entidades del centro y sur de la República para recabar testimonios directos de las familias afectadas. Las acciones representarán el marco de conmemoración por el trigésimo tercer aniversario de su aparición pública, concentrando sus jornadas operativas principales en los puntos de búsqueda identificados en el sur del Valle de México.
Los voceros de la agrupación enfatizaron que la iniciativa mantiene un carácter estrictamente pacífico enfocado en la articulación social y el resguardo de la memoria histórica de las víctimas de desaparición. No obstante, advirtieron que mantendrán la movilización de sus bases frente a cualquier intento de bloqueo por parte de las fuerzas de seguridad o las administraciones locales durante el trayecto desde el estado de Chiapas.
