El Congreso federal solicitó la intervención urgente de la Fiscalía General de la República y el congelamiento de bienes a proveedores del organismo autónomo.
Las acusaciones apuntan a un esquema prolongado de simulación de operaciones y facturación falsa en la adquisición de materiales electorales.
Durante la comparecencia del titular del Órgano Interno del instituto, el vicecoordinador parlamentario señaló la existencia de un sistema estructuralmente corrompido que opera desde hace años. Las declaraciones legislativas enfatizan la necesidad de fincar responsabilidades administrativas y penales directas contra la exfuncionaria y los involucrados en la red de proveeduría.
La propuesta presentada ante el pleno contempla convocar a las autoridades fiscales y de competencia económica para auditar las cuentas y los contratos asignados a las empresas señaladas. Las investigaciones buscan esclarecer el uso y destino de los recursos públicos operados tanto en la estructura central como en los órganos electorales locales de las distintas entidades.
Las acciones emprendidas por los legisladores pretenden sanear los procesos de licitación de cara a los siguientes comicios nacionales y erradicar las prácticas de impunidad institucional. La Cámara de Diputados mantendrá el seguimiento a las comparecencias y a las auditorías técnicas para determinar el alcance total de las irregularidades detectadas en el sistema de compras.
