Un vicecoordinador parlamentario de la Cámara de Diputados solicitó la intervención directa del ministerio público federal ante presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
La postura legislativa plantea el aseguramiento de bienes y cuentas de empresas proveedoras para desarticular posibles redes de complicidad institucional.
Durante la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control del instituto, el legislador sostuvo que los hallazgos en la adquisición de insumos y materiales electorales justifican el inicio de un expediente penal de oficio. La solicitud de indagatoria abarca la revisión de los procesos de licitación desarrollados durante gestiones previas, así como el análisis de las actuaciones de anteriores auditores y contralores encargados de la fiscalización de los recursos públicos.
El representante parlamentario propuso la apertura de una investigación integral que incluya la participación de las autoridades de competencia económica y del Servicio de Administración Tributaria. La iniciativa busca fiscalizar posibles esquemas de emisión de comprobantes fiscales falsos y simulación de operaciones comerciales que habrían impactado las finanzas de la institución arbitral y de los órganos electorales locales en las entidades federativas.
Con miras a los próximos procesos electorales, la bancada oficialista fundamentó la necesidad de aplicar medidas cautelares y auditorías profundas sobre los padrones de contratistas para erradicar prácticas de opacidad en el uso del presupuesto. La Cámara de Diputados prevé dar seguimiento a las denuncias presentadas para definir las responsabilidades administrativas o penales que deriven de las inspecciones al sistema de compras.
