Marcos Pérez Esquer
El escándalo en el INE todavía tiene mucha cuerda. La ASF investiga posibles hechos de corrupción en contrataciones, conflictos de interés y uso indebido de recursos; hay servidores públicos, particulares y empresas bajo investigación, y tras la salida de Taddei, se han producido 15 renuncias más.
Pero más allá de lo que resulte de tales pesquisas, está claro que el asunto deja algunas lecciones sobre el despropósito que implica debilitar las instituciones, colonizarlas con incondicionales y otorgarle demasiado poder a unos cuantos.
La primera lección tiene que ver con la forma en que Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del INE. Formalmente, fue designada mediante insaculación en la Cámara de Diputados en 2023. Pero una tómbola no purifica a quienes llegan a ella. Cuatro de las cinco integrantes de la quinteta para presidir el INE habían sido señaladas por sus vínculos con la 4T; incluso una integrante del Comité Técnico de Evaluación, Maite Azuela, objetó su idoneidad precisamente por considerar comprometidos los estándares de autonomía e independencia.
Taddei, además, llegó cuestionada por los vínculos de varios familiares suyos con el oficialismo. Su hijo, por ejemplo, es secretario particular de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena. Y de este último se dice haber sido el gran impulsor de Taddei. Hoy Morena pretende deslindarse. Sheinbaum afirma que Taddei “no tiene que ver con Morena”.
Políticamente, resulta difícil empero -si no es que imposible- borrar de un plumazo todo aquel contexto mediante deslindes a todas luces inverosímiles. Basta recordar cómo la respaldó Obrador cuando dijo: “es honesta”, “es una mujer íntegra”.
Lo ocurrido nos recuerda por qué durante décadas se buscó que la integración de instituciones como el INE surgiera de consensos amplios entre fuerzas políticas. No como una cortesía de la mayoría hacia la minoría, sino como un límite al poder.
La exigencia de procesar consensos para realizar ciertos nombramientos dificulta que una sola fuerza coloque perfiles identificados solo con ella. Puede volver más engorroso el trámite, ciertamente, pero ése es precisamente el propósito: las instituciones del Estado no deben convertirse en entes facciosos.
Con Taddei ocurrió después algo todavía peor. En octubre de 2024, la mayoría legislativa modificó la ley para entregar a la presidencia del INE la facultad unilateral de nombrar a directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas. Antes, esos nombramientos necesitaban el respaldo de una mayoría calificada de al menos ocho votos del Consejo General, de los once que lo integran. El propio INE impugnó la reforma alegando que debilitaba su naturaleza colegiada y concentraba excesivamente el poder en una sola persona.
Es decir, primero se prescindió del consenso externo necesario para designar a la cabeza de la institución y después se eliminaron controles internos que la obligaban a compartir decisiones fundamentales con el órgano colegiado.
No afirmo que sin esta reforma se habría evitado lo sucedido, pero la pregunta es inevitable: ¿habría sido tan sencillo construir esas redes de influencia si los altos funcionarios del INE hubieran seguido necesitando el respaldo de ocho consejeros para ser nombrados? Y esta es otra gran lección. Si la primera fue no obviar los consensos en el nombramiento de funcionarios que deben ser imparciales, la segunda es nunca concentrar demasiado poder en un solo funcionario.
Por eso, el caso va más allá del INE. Lo mismo aplica a la integración de tribunales, órganos de transparencia, instituciones reguladoras, comisiones de derechos humanos o cualquier otra instancia del Estado. No conviene prescindir del acuerdo entre distintas fuerzas políticas, presentar los contrapesos como obstáculos indeseables, y menos aún empoderar demasiado a un solo sujeto.
Las mayorías siempre encuentran incómodos los límites mientras ejercen el poder. Hasta que algo sale mal. Porque es entonces cuando se revela que aquello que parecía burocracia innecesaria tenía una importante función: evitar que una sola persona o fuerza política pueda controlar completamente una institución.
Los consensos, la colegialidad, las mayorías calificadas y los controles cruzados estorban precisamente porque están diseñados para estorbar. Para estorbarle -en especial- a quien anhela el poder absoluto.
En democracia hay algo mucho más peligroso que un gobierno al que le cuesta trabajo hacer lo que quiere: un gobierno al que no le cuesta nada hacer lo que le venga en gana.
