La titular del organismo electoral confirmó su continuidad en el cargo tras los señalamientos por contrataciones públicas.
Diversos sectores legislativos se pronunciaron sobre las investigaciones administrativas en curso contra la institución.
La consejera presidenta de la autoridad electoral ratificó su permanencia al frente del organismo durante un encuentro con integrantes del consejo general. En la reunión de trabajo, la funcionaria atribuyó los cuestionamientos a presiones de carácter político orientadas a desestabilizar la estructura institucional y señaló que mantendrá sus funciones operativas mientras se revisan los procedimientos internos.
Las inconformidades surgieron a raíz de señalamientos públicos sobre presuntas irregularidades en la asignación de contratos y vínculos entre excolaboradores del área ejecutiva y empresas proveedoras del ramo electoral. Ante ello, la titular rechazó la existencia de preferencias en las licitaciones públicas y anunció la puesta en marcha de un sistema digital para la consulta transparente de las adjudicaciones.
Representantes de la Cámara de Diputados manifestaron posturas diversas sobre el seguimiento del caso, planteando el deslinde de responsabilidades mediante los órganos de fiscalización competentes de manera independiente a la permanencia de la servidora pública. El ente auditor federal mantendrá la integración de los expedientes para resolver conforme a la legislación aplicable.
