El Gobierno galo movilizó a miles de efectivos policiales para resguardar el orden público en todo el territorio nacional.
Las autoridades impusieron restricciones de itinerario y perímetros de contención en diversas ciudades estratégicas.
El Poder Ejecutivo francés activó la célula interministerial de crisis con el objetivo de supervisar el despliegue de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones convocadas por sectores sindicales, estudiantiles y organizaciones civiles. El operativo preventivo contempla la presencia de setenta mil agentes distribuidos en las principales arterias urbanas para evitar alteración del orden y daños en establecimientos comerciales.
En la capital, las instancias judiciales ratificaron la modificación de la ruta solicitada por las agrupaciones sociales, trasladando la concentración a sectores alejados del centro urbano. Medidas de restricción similares y suspensiones temporales de marchas se aplicaron en localidades del interior para resguardar la infraestructura pública y evitar confrontaciones.
De forma paralela, la ciudad de Orleans registró movilizaciones contra tendencias de ultraderecha en el marco de un encuentro partidista nacional, manteniéndose un resguardo policial específico para prevenir incidentes. Las dependencias gubernamentales informaron que continuarán el monitoreo del territorio para garantizar el desarrollo de la jornada.
