La titular del órgano electoral confirmó el respaldo a las indagatorias administrativas sobre las contrataciones de la entidad.
Las autoridades del organismo aplicaron ajustes en áreas ejecutivas como parte del seguimiento a la gestión interna.
La presidencia del consejo general del órgano electoral garantizó la apertura de la información necesaria ante la fiscalización iniciada por el ente auditor federal. La revisión sobre los procedimientos de adquisición concuerda con requerimientos previos planteados de forma interna para evaluar el manejo de los recursos y la asignación de contratos públicos.
La documentación relevante fue canalizada de igual manera ante la instancia interna de control para el análisis de los expedientes administrativos. El señalamiento institucional prioriza la determinación de probables responsabilidades con base en las evidencias documentales, salvaguardando los principios del debido proceso y la presunción de inocencia de los involucrados.
Como medida complementaria en la estructura del organismo, se concretaron cambios en puestos clave directivos y de administración. Las dependencias competentes mantendrán el acceso a las carpetas operativas para deslindar las resoluciones correspondientes.
