Un análisis especializado documenta el ritmo de ejecuciones de repatriación y las dinámicas de detención territorial.
Los datos estadísticos señalan divergencias entre las prioridades declaradas de aplicación de la ley y el perfil de las personas retenidas.
Un estudio emitido por el Instituto de Política Migratoria calcula en cerca de novecientas ochenta mil las expulsiones tramitadas por organismos federales en un lapso aproximado de año y medio. La medición, obtenida mediante peticiones de acceso a la información pública ante la ausencia de reportes oficiales periódicos, refleja una proyección anual cercana a las seiscientas sesenta mil repatriaciones, cifra inferior a la meta fijada por el Ejecutivo estadounidense.
El balance detalla que casi siete de cada diez deportaciones correspondieron a retenciones en la franja fronteriza, mientras que el porcentaje restante abarcó aprehensiones en el interior del país a través de operativos desplegados en diversas urbes. Asimismo, el diagnóstico destaca que una amplia mayoría de los ciudadanos extranjeros expulsados con residencia prolongada carecía de condenas judiciales o antecedentes penales.
Las organizaciones analistas refieren que la estrategia institucional ha priorizado mecanismos acelerados de retorno voluntario para agilizar los procedimientos sin pasar por los tribunales especializados. Los hallazgos confirman la continuidad de las tareas de control operativo en la frontera sur y zonas urbanas del territorio norteamericano.
