La propuesta busca sancionar a servidores públicos que utilicen apoyos e insumos gubernamentales para la promoción personal.
La reforma a la legislación electoral local establece que la comunicación institucional debe ser estrictamente informativa y objetiva.
La legisladora local María José Osorio Rosas planteó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo con el objetivo de evitar el uso de los programas sociales como mecanismos de posicionamiento político o electoral. La propuesta plantea la adición del artículo 400 Bis para tipificar como infracción el empleo de nombres, imágenes, voces, colores o logotipos institucionales asociados a la entrega de bienes y servicios gubernamentales por parte de funcionarios públicos.
El sustento central de la iniciativa radica en que los apoyos sociales constituyen derechos ciudadanos financiados con recursos públicos, por lo que no deben ser presentados como concesiones o favores personales por parte de las autoridades. En ese sentido, el proyecto estipula que la difusión de las acciones de gobierno deberá encauzarse de forma continua a través de las plataformas oficiales de los entes públicos, limitando su función a propósitos puramente informativos, educativos o de orientación a la comunidad.
De ser aprobada por el Congreso estatal, la modificación marcaría un precedente en la normativa electoral de la entidad al fijar criterios explícitos sobre el manejo de los presupuestos y la imparcialidad institucional. La presentación del proyecto coincide con el fortalecimiento del trabajo legislativo y la presencia territorial de la congresista en la región de Playa del Carmen dentro de la agenda política local.
