El miedo a la censura
La sociedad tiene derecho al periodismo:
Tiene derecho a leer y a contrastar la información.
Por Mauricio Leyva Castrejón
El pasado 28 de septiembre se conmemoró el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, una jornada que recuerda que acceder a información confiable es un derecho fundamental y una condición para participar, cuestionar al poder y exigir cuentas. Este año, la conversación internacional está marcada por un desafío nuevo: preservar la integridad de la información en la era digital. La pregunta no es solamente cómo combatir la desinformación, sino cómo hacerlo sin convertir esa lucha en un mecanismo para limitar la libertad de expresión porque, en la ruta de combatir la desinformación, se abren espacios para la represión y se justifican sin razón leyes mordaza, censuras y, en actos grotescos y absurdos, el poder se vuelve audiencia y se asume protector de los derechos que viola sistemáticamente y de forma cotidiana.
En este sentido, México ofrece un caso que merece atención. En los últimos meses, el gobierno y el Congreso han impulsado iniciativas relacionadas con las plataformas digitales y las redes sociales. Algunas buscan atender problemas legítimos: proteger a niñas, niños y adolescentes, combatir delitos o proteger los derechos de propiedad intelectual. Ninguno de esos objetivos debería ser cuestionado en principio. El problema aparece cuando la regulación comienza a acercarse a la frontera de aquello que un ciudadano puede publicar, compartir, parodiar o cuestionar. Y es que en este terreno, el gobierno ha perdido toda posibilidad de control porque las personas se comunican por medio de redes sociales a una velocidad inimaginable y lo que antes se destruía, hoy se vuelve viral en un abrir y cerrar de ojos. La discusión de esta semana alrededor de la llamada “Ley Antimemes” lo demuestra. El Senado aprobó reformas que sancionan determinados usos de la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos y signos oficiales cuando se empleen con fines de engaño y para cometer un ilícito. El gobierno sostiene que no se pretende prohibir memes, sátiras ni críticas políticas. El nombre “Ley Antimemes”, de hecho, no corresponde al texto legal, pero cuando se habla de un ilícito nos adentramos en un terreno peligroso en el cual serán el mismo gobierno y sus juzgadores quienes decidan qué se puede considerar o no un ilícito.
Pero la discusión no debería terminar ahí. En materia de libertad de expresión, no basta con conocer la intención declarada de una norma. También importa la claridad de sus límites. Cuando una expresión puede generar consecuencias penales, la precisión deja de ser un asunto técnico y se convierte en una garantía democrática. La censura contra los memes surge en un país que, históricamente ha usado la parodia, la caricatura, el teatro y ahora los memes como recurso de crítica política por excelencia.
En México, este tipo de recursos forman parte de nuestra riqueza histórica, cultural y social, pretender sancionarlos no solo es un absurdo sino un atentado al genio intelectual de un país maravilloso en sus ideas. En donde hay agresiones, desde luego que el Estado debe actuar, pero no se puede agredir a quien ostenta el poder y sobrerreaccionar desde el poder mismo, ya que ello es un acto que transgrede las garantías más elementales porque la sociedad tiene derecho a estar bien informada: tiene derecho al acceso al periodismo. Tiene derecho a leer y a contrastar información: tiene derecho a pensar, a discernir y a decidir. Regular el mundo digital es necesario, pero combatir la desinformación no significa decidir qué opiniones son aceptables.
