El magistrado ordenó la entrega privada de un memorando del Departamento de Justicia relativo al uso de fuerza letal.
La resolución judicial responde a una demanda interpuesta por organizaciones civiles mediante la Ley de Libertad de Información.
Un juez federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York concedió un plazo de dos semanas al gobierno de los Estados Unidos para entregar en privado los documentos conteniendo los fundamentos jurídicos que respaldan los operativos militares con drones contra embarcaciones asociadas al tráfico de drogas en las zonas del Caribe y del Pacífico. La orden judicial requiere al Departamento de Justicia la presentación de un memorando elaborado en septiembre de 2025 por su Oficina de Asesoría Jurídica, donde se analiza la autoridad ejecutiva para autorizar este tipo de intervenciones.
Adicionalmente, el tribunal solicitó a la administración central un listado detallado e institucional de los funcionarios que han tenido acceso al informe normativo, especificando las fechas y la justificación del uso concedido. El dictamen se deriva de un procedimiento contencioso promovido por agrupaciones defensoras de los derechos civiles ante la falta de respuesta gubernamental a las solicitudes formales de transparencia e información pública sobre las reglas de operatividad.
Las operaciones en cuestión comenzaron de manera formal hacia finales de 2025, contabilizando más de 70 acciones ejecutadas en aguas internacionales con un saldo acumulado superior a dos centenares de decesos. La resolución del caso busca esclarecer los márgenes legales bajo los cuales el mando militar despliega la fuerza armada defensiva en tareas de interceptación marítima.
