El exgobernador de Baja California aseguró que su vinculación con la empresa investigada se limitó estrictamente a su faceta como accionista.
Durante su proceso legal, el exmandatario cumplió más de dos meses de reclusión bajo la medida de prisión preventiva.
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, sostuvo su inocencia frente a las acusaciones que lo señalan por presunta participación en una red de contrabando de combustible. El exmandatario explicó que su relación con la empresa bajo investigación se limitó exclusivamente a la tenencia de acciones y a su desempeño eventual como secretario en la asamblea de socios, descartando cualquier intervención operativa en la compra, traslado o negociación de los hidrocarburos.
Durante su estancia de 70 días en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el Altiplano, Ruffo coincidió en el área de reclusión con otros exgobernadores del país. El exfuncionario detalló que el protocolo judicial actual le impide profundizar en los detalles técnicos de la averiguación previa, aunque ratificó su disposición de defender su postura de transparencia institucional por las vías legales correspondientes.
Tras obtener el beneficio de continuar su proceso en prisión domiciliaria, el exgobernador cuestionó la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en el sistema penal mexicano, argumentando que dicha figura legal vulnera garantías individuales y compromisos internacionales asumidos por el país. Asimismo, señaló que el traslado hacia su domicilio se realizó por vía terrestre bajo el resguardo de las fuerzas federales de seguridad.
