La querella presentada ante una corte federal busca frenar el despliegue de fuerzas del orden en los comicios intermedios de noviembre.
Las agrupaciones advierten sobre el riesgo de intimidación a votantes pertenecientes a minorías e inmigrantes naturalizados.
Una coalición integrada por nueve organizaciones de la sociedad civil presentó una demanda formal ante una corte federal del Distrito de Columbia contra la administración gubernamental de Estados Unidos, con el objetivo de suspender la eventual intervención de agentes federales armados en las inmediaciones de los centros de votación durante las próximas elecciones de mitad de mandato programadas para noviembre. La acción legal señala como imputados al Departamento de Seguridad Nacional, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al Departamento de Justicia y a los titulares de dichas dependencias.
Los promoventes del recurso judicial expusieron que las posturas recientes del Ejecutivo federal constituyen un desmantelamiento de las salvaguardias institucionales contra la interferencia electoral, lo que genera un efecto disuasivo entre los electores. De acuerdo con el documento presentado en el tribunal, el posible despliegue de personal policial o militar en las casillas genera temor de detenciones, interrogatorios o actos de vigilancia, afectando con mayor severidad a comunidades afroamericanas, latinas, asiático-americanas y familias de estatus migratorio mixto.
Aunque funcionarios del gabinete de seguridad e inteligencia manifestaron previamente que la legislación prohíbe la presencia habitual de agentes en las casillas, dejaron abierta la posibilidad de realizar intervenciones específicas ante el cumplimiento de órdenes de aprehensión o amenazas a la seguridad de la jornada. Ante esta postura, las organizaciones solicitaron al poder judicial una orden restrictiva que prohíba de forma categórica el uso de corporaciones federales en los puntos de votación y sus zonas perimetrales.
La autoridad judicial correspondiente notificará a las dependencias demandadas para que presenten sus alegatos iniciales dentro del plazo legal establecido.
