Una magistrada emitió una medida cautelar contra la orden ejecutiva que buscaba limitar la transmisión automática de la nacionalidad.
La resolución judicial fundamentó la suspensión en los criterios constitucionales emitidos previamente por el Tribunal Supremo.
La jueza federal Deborah Boardman dictó la paralización de la orden ejecutiva emitida por la presidencia de Estados Unidos con la que se pretendía restringir la ciudadanía automática por nacimiento a hijos de mujeres que viajan a territorio estadounidense para dar a luz. En una sentencia de 35 páginas, la juzgadora determinó que la disposición del Ejecutivo contraviene los marcos constitucionales vigentes y contraviene lo resuelto con anterioridad por el máximo tribunal del país.
El fallo judicial responde a una serie de recursos interpuestos por organizaciones civiles y de defensa de los derechos de los inmigrantes, tales como CASA y Asylum Seeker Advocacy Project. Las agrupaciones promovieron el litigio al considerar que un decreto presidencial carece de facultades para modificar los preceptos de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, la cual otorga el derecho de nacionalidad a toda persona nacida en suelo estadounidense.
La determinación emitida en el estado de Maryland impide la aplicación de los criterios fijados en la orden ejecutiva a menores nacidos de progenitores en situación migratoria irregular. La medida extiende sus efectos de manera retroactiva a los casos registrados desde febrero de 2025, fecha en que la administración federal pretendió implementar las primeras restricciones sobre este derecho.
El Gobierno federal mantendrá expeditos sus recursos de apelación ante las instancias judiciales superiores para controvertir la resolución.
