CIUDAD DE MÉXICO.- El marco legal de la capital ha sido modificado para enfrentar un problema persistente en el paisaje urbano. Se han aprobado importantes reformas a la Ley de Protección Civil de la CDMX, estableciendo una nueva obligación para que tanto empresas como dependencias gubernamentales retiren toda la infraestructura obsoleta que ocupa el espacio público.
La clave: Definir la «infraestructura pasiva»
El corazón de esta reforma legislativa radica en la introducción y definición precisa del concepto de «infraestructura pasiva». Esta nueva categoría legal es la herramienta que permitirá a las autoridades actuar con mayor eficacia. Al establecer claramente qué se considera infraestructura en desuso, la ley ahora busca cerrar vacíos legales que permitían que diversas estructuras permanecieran abandonadas en las calles sin consecuencias directas para sus propietarios.
Responsabilidad directa para empresas y gobierno
Con esta actualización a la Ley de Protección Civil, la responsabilidad ya no es una opción, sino una obligación legalmente establecida. La normativa es explícita al señalar que tanto las empresas del sector privado como las distintas dependencias del gobierno tienen el deber de hacerse cargo de sus propias instalaciones. Esto significa que deberán identificar y posteriormente retirar todos aquellos elementos que ya no cumplen una función y que se encuentran en el espacio público.
Un paso hacia la recuperación del espacio público
El objetivo final de estas reformas es claro: la recuperación y el ordenamiento del espacio público para el beneficio de los habitantes. La acumulación de infraestructura obsoleta afecta el entorno urbano, y la nueva legislación busca transformar el paisaje de la Ciudad de México, asegurando que las calles y demás áreas comunes estén libres de estructuras abandonadas que ya no prestan ningún servicio a la comunidad.
A partir de la entrada en vigor de estas modificaciones, las autoridades contarán con un fundamento legal sólido para exigir a los responsables que cumplan con su deber. La medida representa un cambio significativo en la gestión de la infraestructura de la ciudad, sentando las bases para un entorno urbano más limpio y ordenado al forzar la remoción de todo aquello que ha quedado obsoleto en el espacio público.
