La investigación ubica una estructura empresarial responsable del traslado irregular de combustible con un daño estimado en miles de millones de pesos a la hacienda pública.
La Fiscalía General de la República (FGR) reveló la identificación de una red logística de contrabando de hidrocarburos operada mediante transporte ferroviario, con infraestructura de almacenamiento y distribución en diversos estados del país. Las indagatorias señalan que el esquema de importación declaraba únicamente el diez por ciento del volumen real transportado en cada unidad, generando una afectación económica considerable a las finanzas públicas a través de la evasión de impuestos y controles aduanales.
El rastreo de la operación inició a partir del aseguramiento de decenas de ferrotanques en Ramos Arizpe, Coahuila, extendiéndose posteriormente a terminales e inspecciones en San Luis Potosí y Nuevo Laredo. Mediante el análisis documental de pedimentos, facturas, cartas porte y actas corporativas, el Ministerio Público Federal identificó a la sociedad mercantil responsable de las importaciones, así como a sus apoderados legales y directivos que modificaron la estructura de la empresa para habilitar el manejo y transporte de energéticos.
Para sustentar la causa penal, las autoridades integraron casi un centenar de elementos de prueba, incluyendo dictámenes periciales en química, criminalística e ingeniería mecánica que permitieron determinar la composición del combustible y la capacidad real de carga de las unidades aseguradas.
La representación social descartó motivaciones de índole política en el caso, precisando que las actuaciones judiciales responden al seguimiento riguroso de las pruebas periciales y al aseguramiento masivo de infraestructura ferroviaria utilizado para el trasvase irregular en el país.
