El Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles determinó que la televisora incurrió en un incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones, abriendo una etapa de conciliación de 185 días.
El Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México, admitió y declaró procedente la solicitud de juicio promovida por la empresa TV Azteca durante el primer trimestre del año. La resolución judicial establece que la compañía de Grupo Salinas incurrió en un esquema de incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones financieras, por lo que se ordenó la apertura formal de una etapa de conciliación que se extenderá por 185 días naturales. Este periodo comenzará a computarse legalmente a partir de la fecha en que la sentencia sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, con el objetivo de buscar un acuerdo estructurado entre la persona moral y su padrón de acreedores.
Bajo los lineamientos de la sentencia publicada por el Órgano de Administración Judicial, la televisora se encuentra autorizada para suspender de forma temporal el pago de los pasivos contraídos con anterioridad al fallo dictado, quedando asimismo sin efecto cualquier procedimiento de embargo u orden de ejecución en contra de sus bienes. Los flujos de capital de la compañía se destinarán de manera prioritaria al desahogo de los gastos indispensables para la continuidad de sus transmisiones y operaciones regulares, rubro que abarca el pago de salarios de la plantilla laboral, contribuciones fiscales y cuotas de seguridad social. En paralelo, el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) dispone de un plazo máximo de cinco días para designar al conciliador que revisará los libros contables, registros y documentación financiera de la firma.
El proceso de reestructuración se desarrolla en medio de impugnaciones legales promovidas en tribunales internacionales por un grupo de fondos de inversión de Estados Unidos, liderados por The Bank of New York Mellon, quienes acusan a la empresa mexicana de implementar estrategias para ocultar sus activos principales y disminuir la masa concursal susceptible de liquidación. Los demandantes norteamericanos señalaron en cartas dirigidas a juzgadores de su país que la televisora transfirió derechos clave, como las licencias de radiodifusión gubernamentales, a una subsidiaria denominada TVA III, además de contratar un financiamiento por 290 millones de dólares con una entidad denominada AlterBank. En caso de que las mesas de negociación coordinadas por el especialista del IFECOM no logren un convenio de reestructura con los inversionistas institucionales dentro de los plazos normativos, el tribunal federal procederá a dictar la declaración de quiebra de la empresa de telecomunicaciones.
