La Fiscalía General de la República formalizó la imputación contra Jesús Gabriel Pérez Rodríguez por su probable participación en un esquema que desvió más de 2 mil 900 millones de pesos del sistema penitenciario.
Un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio dictó auto de vinculación a proceso en contra de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, al identificar elementos de prueba suficientes para investigarlo por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa. La Fiscalía General de la República (FGR) formuló la imputación argumentando que el exservidor público formaba parte de una sofisticada estructura financiera diseñada para el desvío de recursos públicos destinados a penales federales. Según las indagatorias coordinadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), esta red operaba mediante la triangulación de capitales a través de empresas fachada, lo que permitía ocultar el origen ilícito de los activos.
El expediente integrado por el Ministerio Público Federal detalla que el esquema de corrupción recurría a la simulación de contratos institucionales para justificar pagos millonarios por conceptos tecnológicos y de seguridad que presuntamente nunca fueron provistos al sistema penitenciario. Pérez Rodríguez, quien se desempeñó como director de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), forma parte de un listado de 61 exfuncionarios públicos investigados por la adjudicación irregular de asignaciones presupuestales durante administraciones federales previas, cuyo monto total de quebranto patrimonial se calcula en 2 mil 950 millones de pesos. Las investigaciones de la FGR sostienen que una parte considerable de dichos recursos fue canalizada hacia firmas mercantiles vinculadas con el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga.
Las carpetas de investigación correspondientes abarcan a otros mandos directivos de la antigua gestión carcelaria federal, entre los que destacan el excomisionado del OADPRS, Eduardo Guerrero Durán, así como exdirectores de las áreas de administración y coordinación de centros federales de readaptación. Aunque Pérez Rodríguez había sido asegurado originalmente por elementos ministeriales en diciembre de 2025, el procedimiento penal fue repuesto parcialmente debido a diversos recursos de amparo promovidos por su representación legal. Tras la reanudación de las audiencias concentradas en los tribunales federales, la autoridad judicial ratificó la medida cautelar y fijó los plazos correspondientes para el desarrollo de la investigación complementaria.
