La especialista Agustina Cosachov solicitó iniciar un proceso penal contra una testigo, argumentando que falseó declaraciones para beneficiar a otra de las coacusadas en el juicio.
La defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov solicitó formalmente que se juzgue por el delito de falso testimonio agravado a la enfermera Cinthya Córdoba, quien compareció previamente en el juicio oral que busca deslindar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. La controversia jurídica se centra en determinar qué área ordenó restringir la comunicación directa entre el personal de enfermería operativa que custodiaba al exfutbolista en su internación domiciliaria y los médicos especialistas a cargo del tratamiento. Mientras la testigo testificó que dicha restricción fue una instrucción expresa de Cosachov, la médica imputada sostuvo que la disposición provino de los canales administrativos de la empresa de servicios de salud.
Durante su comparecencia, la psiquiatra presentó registros de sábanas de llamadas telefónicas y comunicaciones de mensajería instantánea para desacreditar la existencia de un enlace telefónico fechado el 14 de noviembre, el cual fue citado por la enfermera como prueba de la supuesta evasión médica. Cosachov exhibió ante el tribunal diversos fragmentos de conversaciones digitales donde constan sus intentos de comunicación directa con los cuidadores, quienes presuntamente le indicaban que cualquier reporte debía canalizarse de manera obligatoria a través de Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical. La defensa argumentó que la declaración de Córdoba tuvo la intención dolosa de perjudicar la situación procesal de la especialista para favorecer la posición de la gerencia de coordinación.
El proceso penal mantiene bajo la condición de imputados a múltiples profesionales del sector salud, entre los que figuran el neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. El tribunal de la causa evaluará la idoneidad y consistencia de las pruebas documentales aportadas por las partes para determinar si se da vista al Ministerio Público por el presunto delito contra la administración de justicia. Las audiencias de debate continuarán con el desahogo de los testimonios de los peritos forenses encargados de los análisis clínicos complementarios.
