El secretario general, Alfonso Cepeda, precisó que los recursos gestionados ante la SEP y Hacienda se destinarán de forma directa al pago de prestaciones rezagadas desde 2016 para docentes de Educación Media Superior.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) formalizó un requerimiento financiero por 2 mil millones de pesos ante el Gobierno federal, con el objetivo de subsanar los adeudos institucionales acumulados en el sector educativo. El dirigente nacional del gremio, Alfonso Cepeda Salas, detalló que esta partida presupuestal es indispensable para cubrir una serie de prestaciones laborales devengadas por el personal docente y administrativo de Educación Media Superior, cuyos compromisos contractuales registran rezagos que datan del año 2016.
La agenda de demandas del sindicato magisterial prioriza la regularización de rubros de seguridad social y derechos adquiridos, entre los que destacan la liquidación de pensiones por jubilación, estímulos económicos por antigüedad y compensaciones económicas por invalidez. La dirigencia del SNTE puntualizó que dichos fondos públicos deben ser liberados y canalizados a través de la estructura administrativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aclarando con fines de transparencia que los recursos económicos no son administrados ni depositados en las cuentas del sindicato, sino que se dispersan de manera directa a los beneficiarios.
El liderazgo nacional del SNTE hizo un llamado a la intervención conjunta de las autoridades hacendarias y educativas, reiterando la necesidad de reformar el actual esquema de pensiones para transitar hacia un modelo que garantice el bienestar en el retiro.
La organización sindical fundamentó esta exigencia en sus principios estatutarios de defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la educación, argumentando que el cumplimiento de estas obligaciones fiscales por parte del Estado es un requisito indispensable para dar certidumbre a la base magisterial. Cepeda Salas enfatizó que el magisterio mantendrá una postura firme en los espacios de negociación institucional para asegurar que las mesas de diálogo con las autoridades federales deriven en un calendario de pagos definitivo que solucione el rezago histórico en las prestaciones de educación media.
