El deceso de un niño de doce años durante el robo de un automóvil en el municipio de San Bernardo detonó exigencias para el despliegue de las fuerzas armadas y modificaciones a la ley penal adolescente.
Un menor de doce años falleció tras ser arrastrado por tres kilómetros durante el robo violento de un vehículo, bajo la modalidad conocida como «encerrona», en las inmediaciones del municipio de San Bernardo, al sur de la capital chilena. La tragedia familiar se originó en horas de la madrugada cuando un grupo de asaltantes interceptó el automotor en el que la víctima se desplazaba junto a sus familiares, quedando el infante atrapado en el cinturón de seguridad al momento de la huida de los delincuentes, quienes posteriormente abandonaron el coche y continuaron su escape a pie.
El suceso generó un fuerte impacto político para la administración del presidente José Antonio Kast a cien días de haber asumido el poder ejecutivo, cuya campaña electoral estuvo fundamentada en el combate directo a la criminalidad. Al respecto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, reconoció de forma pública el fallo del Estado en su obligación institucional de garantizar la integridad física de la ciudadanía, mientras que las autoridades ministeriales confirmaron la detención de tres presuntos responsables materiales, entre los cuales se encuentran dos adolescentes.
Ante la insuficiencia de fuerza policial en el sector, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, solicitó formalmente el despliegue del Ejército en tareas de copamiento territorial, una propuesta que recibió el respaldo de diversos legisladores oficialistas y de oposición. De forma paralela, el debate legislativo se concentró en la exigencia de aprobar un proyecto de ley destinado a reducir la edad de imputabilidad penal a los doce años con regímenes de reclusión permanente, una medida punitiva que analistas y expertos en seguridad cuestionaron debido al riesgo de inserción definitiva de los jóvenes en redes del crimen organizado.
