Un ciudadano originario de la República de Georgia falleció mientras se encontraba bajo el resguardo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en un complejo carcelario de Luisiana. El deceso representa la segunda muerte registrada en la misma instalación en un periodo menor a sesenta días, coincidiendo con la reciente publicación de auditorías federales que señalan deficiencias operativas y sanitarias en el inmueble.
El reporte institucional emitido por el ICE precisó que la víctima, identificada como Mamuka Artmeladze, de 43 años de edad, fue localizada en estado de inconsciencia el pasado jueves 4 de junio en las celdas del Centro Correccional Winn, situado en la localidad de Winnfield. A pesar de que los custodios del penal y los paramédicos locales le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar previas a su traslado en ambulancia hacia un nosocomio regional, el personal médico dictaminó su fallecimiento; las autoridades migratorias indicaron que las causas precisas del deceso se mantienen bajo reserva en espera de los resultados de la autopsia de ley.
Artmeladze, quien carecía de antecedentes penales, permaneció recluido durante casi cuatro meses en dicho centro de detención, el cual cuenta con una capacidad para mil 500 internos varones y es operado de manera conjunta por la Oficina del Sheriff del Distrito de Winn y la corporación privada LaSalle Corrections. Los registros migratorios detallan que el ciudadano georgiano ingresó a territorio estadounidense en septiembre de 2022, obteniendo inicialmente un permiso de estancia temporal bajo supervisión; sin embargo, fue aprehendido en el estado de Alabama el pasado mes de febrero tras revocarse su estatus legal de permanencia.
El deceso del extranjero ha reavivado las críticas de diversas organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos respecto a los estándares de reclusión en las sedes subcontratadas por el ICE. Inspecciones previas aplicadas al Centro Correccional Winn documentaron la presencia de condiciones insalubres en las áreas comunes, negligencia en el suministro de tratamientos médicos de urgencia y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los elementos de seguridad privada, factores que los activistas exigen integrar en las indagatorias judiciales correspondientes.
