Una nueva disposición del gobierno de Estados Unidos obliga a los solicitantes de residencia legal (green card) a esperar la resolución de su trámite en sus países de origen. Especialistas advierten que la medida frena la migración regulada y podría afectar a más de 500 mil personas anualmente.
La norma suprime el mecanismo de ajuste de estatus (adjustment of status) dentro de territorio estadounidense, un procedimiento vigente desde 1952. Con este cambio, los solicitantes que ya residen en el país deberán abandonar sus empleos y comunidades para realizar la gestión a través de los consulados en el extranjero. Analistas del Economic Policy Institute (EPI) y de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) señalaron que la disposición provocará separaciones familiares prolongadas de meses o años, además de pérdidas económicas significativas para los sectores productivos.
Los registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indican que en el año fiscal 2024, el 58 por ciento de las 1.35 millones de residencias otorgadas se tramitaron mediante el ajuste interno. Los perfiles más afectados incluyen a familiares directos de ciudadanos estadounidenses, trabajadores especializados, personal religioso y beneficiarios de programas humanitarios como el TPS o parole. Abogados migratorios calificaron de impreciso el memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), debido a que omitió especificar las excepciones técnicas de la regla.
El ajuste administrativo coincide con otras restricciones operativas de la administración federal, tales como la suspensión temporal del procesamiento de visados para 75 naciones y la reducción de cuotas de refugio. Organismos económicos estiman que la contracción en los flujos de migración legal, sumada a los planes de repatriación masiva, generará presiones en el mercado laboral estadounidense. Las firmas legales recomendaron a los usuarios con procesos activos verificar el estatus de sus expedientes ante las embajadas correspondientes.
