El Ministerio de la Defensa Nacional guatemalteco desarticuló un complejo industrial de producción de cocaína en el departamento de San Marcos, de forma simultánea a decomisos de armamento pesado en Petén y cargamentos marítimos en Escuintla.
El titular de la dependencia, Henry Sáenz, informó en conferencia de prensa que el hallazgo se derivó de la «Operación Cinturón de Fuego», una estrategia de seguridad nacional implementada por el Ejército y la Policía Nacional Civil para blindar la línea fronteriza con México y contener el avance del crimen organizado transnacional. La incursión táctica tuvo lugar en la comunidad Zanjón San Lorenzo, perteneciente al municipio de Ayutla, donde las fuerzas del orden ubicaron una infraestructura de tres inmuebles interconectados con tecnología de punta capaz de procesar el ciclo completo del estupefaciente, desde la materia prima hasta el polvo refinado listo para su distribución.
Durante el despliegue en la zona limítrofe con el territorio mexicano, las autoridades capturaron a ocho operarios civiles e incautaron un arsenal compuesto por 14 fusiles de asalto de especificación militar, tres armas cortas de calibre 9 milímetros, más de mil 300 cartuchos útiles y dinero en efectivo por un monto superior a los 74 mil quetzales. El mando castrense enfatizó la relevancia del golpe logístico al señalar que las dimensiones y capacidades de este complejo superan los registros del último gran laboratorio desmantelado en el año 2019 en la región de El Estor, Izabal, el cual únicamente operaba fases tempranas de pasta base de coca.
De manera paralela, en el marco de la «Operación Relámpago 10» en el departamento norteño de Petén, células institucionales aseguraron un arsenal adicional que incluía 12 fusiles de asalto, dos pistolas, dispositivos silenciadores y un lanzacohetes, desmantelando además un plantío con aproximadamente 16 mil matas de marihuana. Asimismo, la división antinarcótica de la fiscalía local interceptó en Puerto Quetzal, Escuintla, dos contenedores comerciales procedentes de Costa Rica que transportaban 149 kilogramos de cocaína ocultos bajo un cargamento de chatarra, mercancía ilícita valuada en más de 20 millones de quetzales que fue puesta a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.
