El dirigente Alejandro Domínguez enfrenta una acusación interna en el Comité de Ética por el presunto desvío de más de cinco millones de dólares provenientes de fondos recuperados del caso de corrupción ‘FIFAGate’.
De acuerdo con un reporte publicado por el diario estadounidense The New York Times, la denuncia fue interpuesta de manera interna hace más de un año por una persona que afirma tener conocimiento directo de las transacciones. El documento señala a Domínguez, quien además de encabezar la Confederación Sudamericana de Fútbol se desempeña como uno de los ocho vicepresidentes de la FIFA, así como a otro alto funcionario de la organización cuyo nombre no ha sido revelado. Las acusaciones apuntan a que ambos directivos habrían obtenido el capital a partir de las cuentas bancarias que fueron confiscadas a exdirigentes sudamericanos implicados en las redes de sobornos de 2015.
El origen de estos recursos económicos se remonta a los fondos que la propia Conmebol logró recuperar tras las investigaciones y juicios civiles impulsados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en 2017. Aquel proceso judicial, que descabezó a las estructuras del balompié en América Latina, derivó en la detención y condena de personajes como el expresidente de la confederación, Juan Ángel Napout, a quien Domínguez sustituyó en el cargo en 2016 bajo una narrativa de reestructuración y transparencia institucional. La fiscalía norteamericana determinó en su momento que empresas de transmisiones pagaron sumas millonarias a directivos para asegurar los derechos de torneos como la Copa Libertadores.
El Comité de Ética de la FIFA mantiene el expediente bajo análisis técnico a las puertas del inicio de la Copa del Mundo de 2026, la cual se disputará en sedes de México, Estados Unidos y Canadá. Hasta el momento, las fuentes cercanas al caso confirmaron que la cúpula del organismo internacional tiene conocimiento pleno de los señalamientos, pero no se han dictado medidas cautelares ni suspensiones temporales contra el directivo paraguayo. La resolución del órgano deontológico será integrada a los registros de control de gobernanza del organismo para determinar si existen elementos suficientes que ameriten una sanción o la vista formal a las autoridades ministeriales correspondientes.
