CULIACÁN.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitaron licencia para separarse de sus cargos este jueves. La decisión se produce justo después de que la FGR advirtiera que procederá penalmente por el operativo fallido conocido como el “Culiacanazo”.
Alerta de la FGR por el “Culiacanazo”
La Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, lanzó un contundente mensaje. La institución aseguró que tiene una investigación sólida y actuará contra los servidores públicos que obstruyeron la captura de Ovidio Guzmán López el 17 de octubre de 2019.
El comunicado de la FGR se enfoca en quienes habrían negociado la liberación del líder criminal a cambio de la de militares retenidos. Este anuncio ha generado una fuerte tensión en el ámbito político de Sinaloa, poniendo bajo la lupa a funcionarios de aquel entonces y actuales.
“Tengo la conciencia tranquila”: Rocha se defiende
Ante la creciente polémica, el gobernador Rocha Moya afirmó tener “la conciencia tranquila”. Subrayó que durante los hechos del 2019 él era senador y no tenía ninguna capacidad de mando para dar órdenes en el operativo de seguridad que paralizó Culiacán.
El mandatario, perteneciente a Morena, pidió una licencia por menos de 30 días argumentando “asuntos personales”. La solicitud fue aprobada de inmediato por el Congreso del Estado, lo que ha intensificado las especulaciones sobre los verdaderos motivos de su salida temporal.
Alcalde de Culiacán sigue los mismos pasos
Casi al mismo tiempo, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también de Morena, presentó su propia solicitud de licencia. El Cabildo de Culiacán aprobó su petición, dejando a la capital del estado sin su máxima autoridad de forma temporal.
La sincronía de ambas solicitudes ha desatado un intenso debate sobre una posible conexión directa con la advertencia de la Fiscalía. A pesar de que ambos políticos citan motivos personales, la sombra del “Culiacanazo” parece ser el factor determinante detrás de estas críticas decisiones.
Por ahora, tanto el gobernador como el alcalde se encuentran oficialmente de licencia mientras la investigación de la FGR avanza. El futuro político del estado queda en vilo, a la espera de que las autoridades deslinden responsabilidades en uno de los episodios de seguridad más críticos de la historia reciente de México.
