La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como un hecho inédito y de posible trasfondo político la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios. La mandataria advirtió que no se admitirán injerencias extranjeras en asuntos que competen exclusivamente a la jurisdicción mexicana.
Durante su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo dio lectura a un posicionamiento oficial donde destacó que la Fiscalía General de la República (FGR) será la única instancia encargada de validar si existen elementos de prueba para proceder con las órdenes de aprehensión y extradición solicitadas. Sheinbaum cuestionó la solidez de las evidencias presentadas por Washington, mencionando que, hasta el momento, solo se han difundido imágenes de supuestos pagos escritos a mano, por lo que instó a esperar un análisis jurídico riguroso antes de tomar cualquier determinación.
La presidenta enfatizó que su administración no encubrirá a ningún servidor público que haya cometido un ilícito, siempre que existan pruebas «contundentes e irrefutables». No obstante, subrayó que si los señalamientos carecen de fundamento legal, se trataría de una estrategia de intromisión externa. «Verdad, justicia y defensa de la soberanía» fue la consigna con la que cerró su mensaje, asegurando que México mantendrá su independencia frente a las presiones judiciales provenientes del exterior.
El caso ha sido señalado por el gobierno federal como un evento sin precedentes en la historia diplomática del país, al involucrar a un gobernador, un senador y un alcalde en funciones. Mientras la FGR realiza la revisión técnica de los expedientes, la Presidencia de la República reiteró que cualquier proceso judicial contra ciudadanos mexicanos deberá desahogarse estrictamente bajo las leyes y tribunales nacionales, protegiendo las instituciones democráticas del país.
