El tribunal del Segundo Circuito en Nueva York invalidó la directriz que obliga a mantener en prisión, sin derecho a fianza, a cualquier persona detenida por su estatus migratorio irregular.
De manera unánime, tres jueces federales rechazaron la interpretación de la ley de migración que la administración actual aplica para forzar la detención permanente de personas mientras se resuelven sus procesos judiciales. El fallo advierte que aceptar dicha política supondría el mandato de detención masiva más amplio en la historia de Estados Unidos, con un impacto sísmico en el sistema penitenciario y la sociedad. Los magistrados señalaron que esta medida no solo satura la infraestructura de detención, sino que separa familias y desestabiliza comunidades al encarcelar a millones de migrantes sin importar su tiempo de residencia en el país.
La política migratoria de Donald Trump, implementada el año pasado, rompió con el criterio tradicional que limitaba la detención obligatoria a personas capturadas en puertos de entrada o consideradas una amenaza para la seguridad. Como consecuencia de este cambio, la población en centros de detención alcanzó el récord histórico de 70 mil 700 personas en enero de este año, provocando una saturación que ha derivado en miles de recursos de habeas corpus en cortes federales. El tribunal subrayó que la postura del Gobierno busca institucionalizar un sistema de encarcelamiento prolongado que puede durar meses o años sin permitir que los individuos defiendan su libertad bajo fianza.
Pese a la contundencia de la resolución, sus efectos legales se limitan a los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont, pertenecientes a la jurisdicción del Segundo Circuito. En contraste, otros tribunales de apelaciones en circuitos con sede en estados como Texas o Missouri han emitido fallos favorables a las políticas de detención del ejecutivo republicano. Esta discrepancia entre cortes de distintos estados incrementa la posibilidad de que el caso sea atraído y resuelto de manera definitiva por la Corte Suprema de Justicia en los próximos meses, dada la urgencia de unificar el criterio legal sobre el sistema de detención migratoria interior.
El Departamento de Justicia aún no ha confirmado si solicitará una revisión de emergencia del fallo, mientras organizaciones civiles instan al Gobierno a acatar la orden y permitir las audiencias de fianza en los estados señalados.
