La Fiscalía General del Estado de Yucatán inició una indagatoria contra Germán C.S., padre del presidente municipal Germán Cauich Pinto, tras una denuncia por agresiones sexuales cometidas contra una niña de 12 años.
De acuerdo con la carpeta de investigación FGE/Sexual/Unadt/419/2026, los padres de la víctima denunciaron que los abusos ocurrieron en tres fechas específicas: diciembre de 2025, enero de 2026 y el pasado 8 de abril. La menor relató ante las autoridades que era obligada bajo presión a acudir a un sitio cercano a la vivienda del primer edil, donde presuntamente era vulnerada. El testimonio señala que el agresor utilizaba amenazas relacionadas con material digital para forzar los encuentros y, posteriormente, entregaba remuneraciones económicas o artículos de alto valor a la infante para intentar ocultar los hechos.
La Policía Estatal de Investigación (PEI) y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay) han ampliado las diligencias ante la sospecha de que otra persona menor de edad pudiera estar involucrada en los sucesos. Tras ratificarse la denuncia, la víctima recibió valoración médica especializada, atención psicológica inmediata y acompañamiento legal para garantizar su integridad durante el proceso judicial. Las autoridades advirtieron que, de comprobarse la facilitación de estos actos por parte de terceros o el uso de violencia, las penas podrían alcanzar hasta los 27 años de prisión conforme al Código Penal del Estado.
El caso ha generado una fuerte reacción en la comunidad de Celestún, donde se espera que el proceso se realice con transparencia y sin interferencias políticas debido al parentesco del señalado con el actual alcalde de extracción morenista. Hasta el momento, Germán Cauich Pinto no ha emitido una postura oficial sobre la situación jurídica de su padre, de quien se presume abandonó el municipio tras hacerse pública la denuncia. La Fiscalía mantiene bajo resguardo la evidencia digital y los testimonios recolectados para integrar formalmente la carpeta por el delito de abuso sexual y lo que resulte de las pesquisas.
Se prevé que en los próximos días se emitan órdenes de comparecencia o de aprehensión, mientras las organizaciones civiles locales exigen que no exista impunidad dada la gravedad de los delitos imputados contra una menor de edad.
