Desde el pasado 6 de noviembre, un gran grupo de agricultores polacos han mantenido bloqueados cuatro de los ocho puntos fronterizos entre Polonia y Ucrania. La protesta, a la que hace tres días se sumó el colectivo de los transportistas, se debe a que los trabajadores polacos de dichos sectores se oponen al libre tránsito de vehículos y productos agrícolas ucranianos, como lo son los granos de cereal, dentro del Espacio Económico Europeo.
Se trata de una medida que entró en vigor desde junio del año pasado, cuando apenas habían pasado cuatro meses de que Rusia hubiera lanzado su ofensiva militar sobre Ucrania. Entonces, la Unión Europea (UE) decidió permitir que el país invadido recibiera temporalmente los beneficios que tienen los estados miembros del bloque económico, pero sin pertenecer a él. Esto significa que desde hace más de un año, los productores y comerciantes ucranianos han aprovechado los beneficios del mercado común europeo, libre de aranceles internos, para exportar sus materias agrícolas a cualquier país de la UE. Esto, eso sí, sin tener que someterse a todas las estrictas regulaciones que exige la Comisión Europea a los estados miembros, algo que ha permitido que los productos ucranianos mantengan precios sumamente competitivos, lo que ha causado la molestia de los agricultores polacos.
Desde la implementación de la medida, ha sido un año y medio de mucha tensión entre la Comisión Europea y el gobierno de Polonia, que ha desobedecido muchas órdenes provenientes desde Bruselas, sede de la UE, y ha actuado unilateralmente en esta situación. Desde el respaldo a las múltiples protestas que ha habido desde que inició la ya conocida como crisis del grano, hasta el apoyo abierto a los bloqueos vistos en las últimas semanas, en los que incluso ya es la policía polaca, y no los propios manifestantes, los que gestionan la obstrucción.
En el camino, otros países miembros de la UE como Hungría, Eslovaquia, Rumania y Bulgaria, la mayoría con frontera con Ucrania, también han mostrado su descontento con el acuerdo del cereal, por motivos similares al de Polonia. Esto ha llevado a la Comisión Europea a hacer malabares en búsqueda de desbloquear la situación, con soluciones como convencer a estos cinco países de que dejen entrar los productos ucranianos a cambio de que no se puedan comercializar dentro de sus territorios, hasta la entrega en abril de 100 millones de euros del fondo común europeo a los gobiernos de dichas naciones, para lograr persuadirlos por medio de lo material. Una solución, por cierto, que no gustó al resto de los estados miembros, que interpretaron que la Comisión daba su brazo a torcer ante gobiernos que estaban infringiendo un lineamiento supranacional.
Sin embargo, el caso de Polonia siempre ha sido el más combativo a la medida y también el más contradictorio, debido a que es uno de los países que más abogó en su momento por que Occidente le brindara todo el apoyo militar posible a Ucrania. Un respaldo militar que se entendía por el histórico temor polaco a ser la siguiente víctima de Moscú, pero que también se fue apagando en la medida en que el descontento por el acuerdo del grano se fue haciendo más grande, al grado de que el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, llegó a anunciar en septiembre que suspendía toda exportación de armamento al país vecino. Una medida que luego no se concretaría, porque Ucrania también había movido ficha, amenazando con vetar la importación de frutas y verduras provenientes de Polonia.
No se sabe hasta cuando vayan a durar los actuales bloqueos fronterizos polacos, algo ante lo cual la Comisión Europea no se ha mostrado tan tajante en solucionar como otras veces. Una teoría ante eso, es que en la Unión Europea, al igual que Estados Unidos, ha disminuido considerablemente su atención y apoyo a la causa ucraniana, una situación que no solo se ve en el hecho de que Volodimir Zelenski ahora tenga que rogar más que nunca por ayuda militar, sino que también se ve en la mediana dedicación que pone la Comisión Europea en solucionar situaciones colaterales como esta. La otra teoría, más optimista, es que desde Bruselas saben que en Polonia se avecinan tiempos de cambios políticos después de las elecciones generales que el país celebró en octubre.
En esas elecciones, el partido de extrema derecha gobernante, Ley y Justicia, sufrió un importante revés en los comicios y no podrá seguir al frente del país. Las votaciones, por otro lado, favorecieron la formación de un gobierno liderado por el partido de Donald Tusk, político de centro derecha que mantiene una gran relación con los cuadros más importantes dentro de la Unión Europea, organismo del que él también formó parte de 2014 a 2019, como presidente del Consejo Europeo. Entonces, puede que la Unión Europea se esté guardando todos sus esfuerzos ante un problema cuya solución podría llegar en cuanto asuma Tusk, que tiene planeada una reunión con el presidente del Parlamento este viernes para abordar su investidura, algo que desde Bruselas esperan que sea pronto.
Con el nuevo Ejecutivo polaco, que ya se asoma en el horizonte, la Unión Europea se quitará de encima a uno de los gobiernos más incómodos dentro del bloque, que en la última década, junto con Hungría, se han asegurado de romper el consenso europeo. En el caso concreto de la crisis del grano, Tusk podrá poner fin a un año y medio de relaciones espinosas entre ambos ejes europeos, pero al mismo tiempo será interesante ver cómo lo hace, porque tampoco puede desestimar el descontento de su población. Al final del día, defender el apoyo económico a Ucrania es igual de correcto que decir que los productores y agricultores polacos se están llevando la peor parte del acuerdo del cereal. Y la solidaridad llega hasta donde el bolsillo lo permite. Es difícil llegar a un punto en el que todos los involucrados estén completamente satisfechos, pero lo que sí se puede asegurar es que vienen tiempos de mayor diálogo y cercanía entre las partes y eso es una buena noticia.
