Exigen justicia para Diana Belén y protección para activistas animales

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Asociaciones de rescate animal se manifestaron en Tultitlán para demandar que el feminicidio de la activista no quede impune. La movilización subrayó la necesidad de investigar también la muerte de siete perros rescatados por la víctima días antes de su asesinato.

El proceso judicial contra Octavio Enrique “N”, pareja sentimental de la víctima, y Diego Armando “N”, avanzó este 6 de abril de 2026 con su vinculación a proceso por el delito de feminicidio. Según las indagatorias de la Fiscalía, la agresión inició en el domicilio de Diana en la colonia Sierra de Guadalupe, desde donde fue trasladada a un segundo inmueble en la calle Ampliación San Marcos para ser asesinada. Los imputados permanecen en prisión preventiva mientras transcurren los tres meses fijados para la investigación complementaria, tras haber abandonado el cuerpo de la activista en la vía pública.

Representantes del gremio animalista alertaron sobre el incremento de la violencia y los riesgos asociados a la labor de rescate de seres sintientes en el Estado de México. Los manifestantes recalcaron que Diana Belén ya había interpuesto denuncias previas por ataques contra sus animales, las cuales no fueron atendidas con celeridad antes de que escalara la violencia contra su integridad física. Por ello, exigieron a las autoridades estatales un aumento en las penas por agresiones contra activistas y garantías de seguridad para quienes realizan labores de protección animal de manera independiente.

La exigencia de justicia incluye el esclarecimiento total de los eventos ocurridos en las semanas previas al feminicidio para determinar si hubo omisiones por parte de las autoridades locales. El colectivo de rescatistas mantiene guardias informativas para dar seguimiento al caso durante el periodo de instrucción procesal en este mes de abril.

El cuerpo de la activista fue hallado originalmente en calidad de desconocida, lo que retrasó la identificación y el inicio de las diligencias. Actualmente, el caso es custodiado por diversas organizaciones civiles que vigilan el cumplimiento del debido proceso contra los dos hombres detenidos.

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