Advierten penas de hasta 10 años de cárcel por provocar incendios forestales en el Edomex; Probosque intensifica vigilancia ante el alto riesgo por sequía y vacaciones.
Alejandro Sánchez Vélez, director general de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), emitió una advertencia contundente al señalar que provocar incendios forestales en la entidad es un delito que se castiga con penas de hasta 10 años de prisión. Esta medida busca frenar la incidencia de siniestros en un momento crítico, ya que el inicio del periodo vacacional de Semana Santa suele concentrar hasta la mitad de los incendios forestales registrados durante todo el año.
El funcionario explicó que el Estado de México enfrenta actualmente un escenario de vulnerabilidad extrema debido a la combinación de temperaturas elevadas y una sequía persistente. Estas condiciones climáticas facilitan la rápida evaporación de la escasa humedad, elevando los índices de peligro en la mayoría de las zonas boscosas. Ante este panorama, Probosque ha reforzado sus operativos de vigilancia y prevención, subrayando que el factor humano sigue siendo el principal detonante de las emergencias ambientales en la región.
Sánchez Vélez hizo un llamado urgente a la ciudadanía y a los visitantes para evitar prácticas de riesgo, como el uso de pirotecnia, el encendido de fogatas en áreas no permitidas y el arrojar colillas de cigarro desde vehículos. Recalcó que la prevención es una estrategia más económica y menos arriesgada que el combate directo, por lo que la institución prioriza labores de manejo silvícola, como la creación de brechas cortafuego, líneas negras y la capacitación constante de los núcleos agrarios para proteger el patrimonio forestal.
Con la puesta en marcha de este plan integral, las autoridades mexiquenses esperan reducir el impacto de los siniestros durante la temporada de estiaje. El titular de Probosque concluyó que el cumplimiento de la ley y la responsabilidad social son fundamentales para conservar los bosques, advirtiendo que no habrá tolerancia para quienes, por negligencia o dolo, atenten contra los ecosistemas del estado, arriesgándose a enfrentar severas consecuencias penales.
