La iniciativa de reforma enviada al Senado permite la promoción directa del voto durante los procesos de consulta para la revocación de mandato. El proyecto establece nuevos límites a la composición de los ayuntamientos y recortes estrictos a las remuneraciones de los funcionarios electorales.
El procedimiento de revocación podrá realizarse ahora en el tercer o cuarto año de ejercicio, permitiendo que la persona sujeta al proceso difunda el ejercicio y promueva el voto a su favor. La suspensión de propaganda gubernamental en medios se reduce a los 60 días anteriores a la jornada, aunque se mantiene la prohibición sobre el uso de recursos públicos o tiempos oficiales para estos fines de promoción.
En el ámbito municipal, los ayuntamientos deberán integrarse por un presidente, una sola sindicatura y un máximo de quince regidurías para evitar estructuras basadas en beneficios personales. El plan también cancela la reelección inmediata de diputados locales y prohíbe la participación en elecciones de personas con vínculos de parentesco o matrimonio con el actual titular del cargo por el que compiten.
Respecto al presupuesto, las remuneraciones de todos los entes públicos y magistrados deberán ajustarse a los límites constitucionales para no exceder el salario de la Presidencia. La propuesta incluye un recorte del 15% al presupuesto del Senado y prohíbe la contratación de seguros de gastos médicos privados o cajas de ahorro especiales, fijando que el gasto de las legislaturas locales no supere el 0.70% del presupuesto estatal.
Finalmente, el documento estipula que las constituciones estatales deberán ajustarse a estos nuevos criterios de austeridad y representación proporcional. Con estas modificaciones, se busca reestructurar el sistema de fiscalización y las reglas de participación directa, ajustando los costos de operación de los organismos encargados de organizar los comicios y las representaciones populares en todo el país.
