La reforma al artículo 127 constitucional establece que ningún retiro del sector público podrá exceder el 50% del salario de la presidencia, poniendo fin a los pagos que alcanzaban el millón de pesos mensuales.
La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad una reforma constitucional que impone un tope máximo a las denominadas «pensiones doradas» de exservidores públicos. La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, informó que la medida proyecta un ahorro anual para el erario de aproximadamente 5 mil millones de pesos, recursos que el Gobierno Federal pretende reorientar hacia programas sociales y necesidades de infraestructura pública. Con esta modificación, el monto límite de jubilación para cualquier exfuncionario será de alrededor de 70 mil pesos mensuales.
Durante la defensa de la iniciativa, Castillo detalló que el esquema anterior permitía que extrabajadores de organismos como Pemex, la CFE o el Banco de México accedieran a pensiones exorbitantes incluso con periodos laborales de apenas tres meses. La legisladora calificó como un acto de justicia social la eliminación de estos beneficios discrecionales que se consolidaron en décadas pasadas, subrayando que la reforma fue incorporada directamente a la Constitución para blindarla contra posibles impugnaciones legales o argumentos de retroactividad.
En el ámbito político, la senadora también se pronunció sobre el reciente rechazo de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, descartando cualquier ruptura con los partidos aliados, PT y PVEM. Aseguró que, pese a las diferencias de voto en ese tema particular, la coalición legislativa se mantiene sólida para continuar con la agenda de transformación. Asimismo, señaló que el debate electoral sigue abierto y que se analizarán propuestas para fortalecer la fiscalización y mitigar la influencia de grupos externos en los procesos democráticos.
