Ciudad de México. La salud mental se ha consolidado como uno de los retos más críticos para la salud pública y la economía familiar en la actualidad. Mientras la Organización Mundial de la Salud estima que una de cada ocho personas en el mundo padece algún trastorno mental, en México la situación es alarmante: estos padecimientos representan el 19 % de la carga total de enfermedad por discapacidad. Sin embargo, el sistema enfrenta una paradoja peligrosa: mientras el acceso a una atención profesional es limitado, el consumo de medicamentos controlados sigue una tendencia al alza.
El panorama nacional revela que menos del 30 % de los pacientes que requieren atención psiquiátrica reciben un tratamiento adecuado. Esta brecha de atención se debe a una combinación de factores que van desde el estigma social y el miedo a la exposición pública, hasta la incapacidad económica para costear consultas privadas. En el sector público, la realidad es aún más compleja, ya que para la gran mayoría de los ciudadanos resulta prácticamente imposible recibir un seguimiento clínico constante y de calidad.
Ante la falta de servicios formales, ha surgido un fenómeno digital donde psiquiatras y psicólogos utilizan redes sociales como TikTok o Instagram para difundir información. Si bien este acercamiento rompe barreras y humaniza la figura del médico, los especialistas advierten que el paciente tiene la responsabilidad de verificar que estos profesionales cuenten con cédulas y certificaciones vigentes. La democratización de la información no debe confundirse con el autodiagnóstico, especialmente cuando síntomas como la irritabilidad, el insomnio o los pensamientos negativos pueden esconder trastornos base que requieren una evaluación integral y personalizada.
Uno de los puntos más críticos de esta crisis es el uso de fármacos como las benzodiacepinas. Aunque son herramientas fundamentales para tratar la ansiedad o la depresión, su consumo sin supervisión estricta conlleva riesgos graves de dependencia y tolerancia. En adultos mayores, estos medicamentos elevan el riesgo de deterioro cognitivo y caídas, mientras que su mezcla con alcohol puede ser mortal. A pesar de los controles legales, la existencia de un mercado negro facilita que muchas personas busquen un alivio temporal que no aborda la causa raíz del problema, fomentando una cultura de dependencia en lugar de sanación.
La premisa de los especialistas es clara: la salud mental debe ser un derecho al alcance de todos, pero los medicamentos controlados no pueden estar al alcance de cualquiera. Sin un diagnóstico profesional, cualquier intento de medicación se reduce a un paliativo que, a largo plazo, solo agrava la vulnerabilidad de los pacientes.
