El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha solicitado formalmente a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La petición diplomática se activó luego de que el Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas negara un recurso de protección judicial al exmandatario y a cuatro de sus familiares, manteniendo vigentes las órdenes de captura por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal.
García Cabeza de Vaca, quien gobernó Tamaulipas entre 2016 y 2022, es considerado prófugo por la justicia mexicana y se presume que reside actualmente en territorio estadounidense. La Fiscalía General de la República (FGR) fundamentó este trámite en dos órdenes de aprehensión: una emitida en octubre de 2022 por vínculos con el crimen organizado y manejo de recursos ilícitos, y una segunda dictada en febrero de 2024. Según la resolución judicial más reciente, existen elementos suficientes para sostener el proceso penal en esta etapa.
Disputa legal y el estatus de la Ficha Roja
El proceso ha estado marcado por una intensa batalla jurídica. Mientras la FGR busca concretar su captura, la defensa del exgobernador insiste en que su cliente cuenta con amparos que impiden su detención. En 2025, el propio exmandatario afirmó que la Interpol había retirado la ficha roja en su contra; no obstante, la Fiscalía aclaró que dicha medida solo fue suspendida temporalmente debido a recursos judiciales y no por una exoneración de los cargos.
Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos no han confirmado si darán curso a la solicitud de entrega. En México, la primera orden de arresto sigue bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a recursos interpuestos por los litigantes de Cabeza de Vaca. Por su parte, el equipo legal del expolítico emitió un comunicado este lunes asegurando que recurrirán la reciente negativa de protección ante un tribunal superior, manteniendo su postura de que se trata de una persecución política.
La resolución de este conflicto dependerá ahora tanto de la celeridad de los tribunales superiores mexicanos como de la respuesta del Departamento de Justicia de EE. UU., en un caso que representa uno de los procesos judiciales más mediáticos contra un exgobernador en los últimos años.
