Un juez de control impuso la medida de prisión preventiva justificada contra el exgobernador de Veracruz por su presunta responsabilidad en el delito de peculado. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó cargos por el desvío de subsidios federales que debían entregarse a un fondo de apoyo para personas con discapacidad en la entidad durante el año 2012.
La investigación señala que entre 2012 y 2014, la administración de Duarte utilizó cuentas bancarias paralelas para ocultar el destino de aproximadamente cinco millones de pesos. Por su parte, el exmandatario denunció que estas nuevas acusaciones de la Fiscalía General de la República tienen tintes políticos y buscan bloquear su salida de la cárcel a toda costa, la cual estaba proyectada originalmente para el próximo 15 de abril de 2026.
La defensa del político veracruzano solicitó la duplicidad del término constitucional para preparar sus argumentos. Debido a esta solicitud, la situación jurídica definitiva de Duarte se resolverá el martes 17 de febrero, fecha en la que se decidirá si es vinculado a proceso por este nuevo expediente relacionado con el manejo irregular de recursos públicos federales.
Este nuevo proceso legal representa un obstáculo significativo para que el exgobernador recupere su libertad en el corto plazo. De ser vinculado a proceso, la nueva orden de reclusión se sumaría a su historial judicial, extendiendo su permanencia en prisión mientras se desahogan las pruebas por el presunto uso ilícito de dinero destinado a sectores vulnerables de Veracruz.
