GUADALAJARA, JALISCO – En una audiencia celebrada este martes 10 de febrero de 2026, un juez federal dictó auto de vinculación a proceso contra Diego Rivera, exalcalde del municipio de Tequila, bajo cargos de secuestro. La resolución también alcanzó a dos de sus antiguos colaboradores cercanos, confirmando una red de presunta criminalidad que operaba desde la estructura del gobierno municipal.
El juez ratificó la medida de prisión preventiva justificada para los tres implicados, quienes permanecerán recluidos mientras se desarrolla el juicio.
Los implicados y la estructura delictiva
La Fiscalía presentó pruebas suficientes para procesar no solo al exedil, sino a piezas clave de su administración:
- Diego Rivera: Exalcalde de Tequila, señalado como el autor intelectual de las privaciones de la libertad.
- Juan Manuel “N”: Exdirector de Seguridad Pública, presunto brazo ejecutor de los operativos.
- Juan Gabriel “N”: Exdirector de Catastro y Predial, también vinculado a la red delictiva.
Los delitos: Coerción política y «cobro de piso»
La investigación desglosa dos vertientes criminales que han conmocionado a la región de los valles en Jalisco:
- Eliminación de rivales políticos: Se les acusa del «levantamiento» en 2021 de Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez (precandidato de Morena y su suplente). Según la indagatoria, las víctimas fueron privadas de su libertad y obligadas bajo coacción a firmar sus renuncias a la contienda electoral.
- Extorsión agravada: Rivera y el exdirector de Seguridad Pública enfrentan cargos de secuestro agravado en perjuicio de un comerciante local, a quien habrían retenido tras su negativa a pagar «derecho de piso» a la administración municipal.
Justicia tardía para la democracia en Tequila
La vinculación a proceso de Diego Rivera marca un precedente importante en el combate a la infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales de Jalisco. Con un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, la Fiscalía buscará robustecer las pruebas de lo que parece haber sido un gobierno basado en el uso de la fuerza policial para fines particulares y políticos. El caso no solo busca justicia para el comerciante extorsionado, sino que pone de relieve el peligroso uso de las instituciones públicas para anular la democracia mediante el secuestro de opositores.
