CIUDAD DE MÉXICO – Tras concluir su tercera visita oficial al país, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU emitió una alerta urgente sobre las condiciones críticas en los centros de tratamiento de adicciones en México. Los expertos señalaron la existencia de prácticas coercitivas y una falta de regulación alarmante, especialmente en establecimientos de carácter privado.
La delegación, liderada por la española Carmen Comas-Mata, realizó un recorrido estratégico del 25 al 30 de enero de 2026, visitando no solo anexos y clínicas de rehabilitación, sino también cárceles, comisarías y hospitales psiquiátricos. A través de entrevistas confidenciales con internos y personal, el órgano internacional documentó un panorama de vulnerabilidad que requiere atención inmediata del Estado mexicano.
Hallazgos clave de la delegación
El reporte preliminar destaca un contraste entre el marco legal vigente y la realidad en los centros de reclusión y tratamiento:
- Falta de regulación: El SPT puso especial énfasis en los centros privados que operan fuera del radar de las autoridades sanitarias, donde el riesgo de tortura y malos tratos es «grave».
- Brecha legislativa: Aunque reconocieron avances como la Ley General para la Prevención de la Tortura (2017), los expertos subrayaron que la implementación en el terreno sigue siendo deficiente.
- Impunidad persistente: El subcomité expresó su preocupación por la lentitud e ineficacia en las investigaciones de actos de tortura, señalando que el robusto sistema jurídico no ha logrado frenar la impunidad.
Próximos pasos
La delegación —integrada también por especialistas de Costa Rica, Panamá y Alemania— entregará al Gobierno de México un informe confidencial con conclusiones y recomendaciones vinculantes. El objetivo es que las autoridades aborden las deficiencias estructurales en el sistema de justicia y salud para garantizar que ningún centro de rehabilitación se convierta en un espacio de violación de derechos humanos.
Panorama nacional de salud mental
Este informe llega en un momento de presión social sobre los centros conocidos como «anexos», los cuales han sido blanco de ataques por grupos criminales y denuncias constantes de familiares por el uso de castigos físicos como método de «curación». La ONU reitera que el tratamiento de adicciones debe pasar de un modelo punitivo y coercitivo a uno basado estrictamente en la salud pública y el respeto a la dignidad humana.
