BOSTON, MASSACHUSETTS – En una decisión que representa un revés significativo para las políticas de control migratorio de la administración actual, un juez federal del Distrito de Massachusetts emitió una orden este jueves 5 de febrero de 2026 que prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acceder a datos tributarios confidenciales para rastrear y localizar a personas migrantes.
La medida cautelar bloquea temporalmente el intercambio de información entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) e ICE, específicamente el uso de direcciones y datos personales de contribuyentes. El magistrado determinó que el uso generalizado de estos archivos para fines de control migratorio civil podría violar las leyes de confidencialidad fiscal y exceder las facultades legales de las agencias.
Impacto en el sistema tributario y derechos civiles
La demanda, impulsada por organizaciones comunitarias y de derechos civiles, planteó que la colaboración entre el IRS e ICE generaba un «daño irreparable» al romper la confianza entre el Estado y los contribuyentes. Los puntos clave del fallo incluyen:
- Riesgo de desobediencia fiscal: El juez coincidió en que el temor a represalias migratorias disuade a millones de personas de cumplir con sus obligaciones fiscales, lo que afectaría la recaudación federal.
- Confidencialidad estatutaria: Se subrayó que las excepciones actuales del Código Tributario para compartir datos se limitan a investigaciones criminales específicas y no a operativos de deportación masiva.
- Protección de datos: La orden impide que ICE utilice el historial de ingresos, datos de empleadores o números ITIN para alimentar sus bases de datos de localización.
Estado del litigio
Aunque la orden es de carácter provisional, permanecerá vigente mientras el juicio continúa su curso. El Gobierno federal ha defendido estos acuerdos como una herramienta necesaria para la seguridad nacional, pero el tribunal consideró que los demandantes demostraron que el intercambio de información era «arbitrario y caprichoso» bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.
Esta decisión se suma a otros fallos recientes en estados como California e Illinois, donde se ha limitado la capacidad de las agencias federales para utilizar datos de servicios públicos (como Medicaid) con fines de deportación en este 2026.
