MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. – En una declaración que sacude el panorama político del estado, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra su exesposo y exfuncionario, Carlos Torres. Las indagatorias federales buscan esclarecer la presunta participación de Torres en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero, vinculada a operaciones de grupos delictivos en la región norte del país.
El origen de la investigación: Visas y denuncias
La presión sobre el entorno cercano de la mandataria aumentó significativamente desde mayo de 2025, cuando el gobierno de Estados Unidos revocó las visas tanto de Ávila Olmeda como de Carlos Torres. Este antecedente internacional dio paso a una denuncia formal en México, cuya carpeta de investigación sugiere un esquema de corrupción de alto nivel:
- Presuntos sobornos: Según reportes de NMás, se investiga el flujo de aproximadamente 150 mil dólares mensuales.
- La conexión local: Los recursos habrían sido entregados presuntamente por el exsecretario de Seguridad de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil.
- Vínculos criminales: El objetivo del pago sería facilitar las operaciones del «Cártel de los Rusos» —facción del Cártel de Sinaloa— en territorio bajacaliforniano.
Postura oficial y defensa
Durante su conferencia de prensa semanal, la gobernadora manifestó su total confianza en las instituciones federales. “Estoy convencida de que la FGR es una institución sumamente seria que hará una investigación a profundidad”, señaló, marcando una distancia institucional frente al caso.
Por su parte, Carlos Torres ha optado por retirarse de la vida pública y política para enfrentar el proceso. En su defensa, calificó la investigación como un «procedimiento protocolario» derivado de testimonios sin sustento. “Es vital distinguir que no se trata de una investigación basada en hechos, sino de un dicho sin rostro”, argumentó a través de un posicionamiento oficial.
Implicaciones para el Gobierno Estatal
Este caso representa uno de los retos políticos más complejos para la administración de Marina del Pilar, ya que las acusaciones tocan temas sensibles de seguridad nacional y coordinación con agencias extranjeras. Mientras la FGR avanza en la recolección de pruebas y testimonios, el estado se mantiene a la expectativa de si estas indagatorias derivarán en órdenes de aprehensión o si se confirmará la versión de la defensa sobre una posible calumnia política.
