MINNEAPOLIS / WASHINGTON. – «Nosotras teníamos silbatos; ellos tenían armas». La frase de Becca Good, tras el asesinato de su esposa Renee a manos de un agente federal en Minneapolis, se ha convertido en el epitafio de una era y en el grito de guerra de una nación que parece deslizarse irremediablemente hacia un conflicto interno. En el primer año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos no solo enfrenta una crisis migratoria, sino una mutación de sus instituciones que expertos e historiadores califican como el preámbulo de una guerra civil moderna.
De agencia federal a fuerza de choque
Lo que alguna vez fue el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se ha transformado, bajo la actual administración, en una maquinaria con tintes paramilitares. Con un presupuesto monumental de 37,500 millones de dólares y 22,000 agentes, el ICE ha dejado de ser una entidad administrativa para convertirse, en palabras del historiador Timothy Snyder, en una «fuerza al servicio personal del presidente».
La tragedia en Minneapolis, donde Renee Good murió por alertar sobre una redada, no ha traído calma. Al contrario, Trump ha respondido enviando a 3,000 agentes adicionales a la ciudad, superando en número a la propia policía local. Para el fiscal de derechos humanos Reed Brody, la estrategia es transparente: «Aumentar la agresividad para provocar una respuesta ciudadana y así justificar la intervención del ejército».
El colapso de los contrapesos
El diagnóstico de los especialistas es sombrío. El sistema de balances diseñado por los Padres Fundadores para evitar la tiranía parece haber colapsado.
- Justicia Blindada: Con más de 200 jueces designados y una mayoría leal en el Tribunal Supremo, el Poder Judicial ha fallado a favor de Trump en el 92% de los casos recientes.
- Listas Negras: Agencias como Reuters han identificado a 470 personas e instituciones —incluyendo al gobernador de Minnesota, Tim Walz— en una lista de objetivos para investigaciones judiciales dirigidas desde la Casa Blanca.
- Indultos Estratégicos: El perdón a más de 1,500 implicados en el asalto al Capitolio ha reintegrado a la vida pública a cientos de miembros de milicias armadas de extrema derecha, quienes ven en el presidente a su comandante en jefe.
La «Trampa Orwelliana»
Timothy Snyder advierte que Estados Unidos ha caído en una contradicción sistémica donde la autoridad quebranta la ley para supuestamente defenderla. Mientras el asesor de seguridad nacional, Stephen Miller, tacha de «terroristas» a los activistas, el presidente advierte en sus redes sociales que “el día del ajuste de cuentas se acerca”. La amenaza de invocar la Ley de Insurrección de 1807 para desplegar tropas en ciudades estadounidenses sugiere que Washington ya no ve a las metrópolis como centros de convivencia, sino como campos de entrenamiento y control.
A medida que se acercan las elecciones legislativas de noviembre, el temor a una votación bajo la sombra de la intimidación crece. Sin embargo, para defensores como Brody, la resistencia civil simbolizada en los silbatos de Minneapolis representa la última línea de defensa. El conflicto ya no es solo por una política migratoria; es una lucha por la definición misma de la democracia estadounidense, en un país donde, cada vez más, el diálogo ha sido sustituido por el estruendo de las armas.
