WASHINGTON, D.C. – En una declaración que añade una nueva capa de complejidad a la crisis venezolana, la administración de Donald Trump ha enfriado las expectativas de una transición democrática inmediata tras la captura de Nicolás Maduro. A través de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el gobierno estadounidense manifestó que, si bien existe el deseo de ver comicios en la nación sudamericana, estos no representan una prioridad a corto plazo ni cuentan con una ruta definida.

Incertidumbre en los plazos institucionales

La postura oficial de la Casa Blanca ha sido descrita como una apuesta a largo plazo. Al ser cuestionada sobre la urgencia de convocar a las urnas, Leavitt fue tajante al señalar que el presidente Trump mantiene la esperanza de que haya elecciones «algún día», pero aclaró que, en este momento, no existe un calendario actualizado ni una estrategia de ejecución para dicho proceso.

Esta falta de urgencia sugiere que Washington priorizará la estabilización del territorio y el control operativo sobre la organización de un proceso electoral civil. El mensaje es claro: la salida de Maduro no se traduce de forma automática en una entrega del poder a las fuerzas políticas actuales.

Cuestionamientos al respaldo de la oposición

Un punto crítico en la narrativa de la Casa Blanca ha sido la percepción sobre el liderazgo opositor en Venezuela. Según los informes que emanan desde el entorno presidencial, existe un escepticismo considerable respecto a la figura de María Corina Machado, señalando que no contaría con los apoyos suficientes para encabezar el proceso de reconstrucción nacional. Esta visión marca un distanciamiento estratégico que podría obligar a un reordenamiento de las fuerzas políticas venezolanas que buscan el reconocimiento de Washington.

Esta política de «espera activa» por parte de Donald Trump redefine la relación con sus aliados en la región. Al no fijar una fecha para el ejercicio democrático y poner en duda la legitimidad de los liderazgos existentes, la Casa Blanca se reserva el derecho de tutelar la transición de manera indefinida. El futuro de Venezuela, bajo esta óptica, queda supeditado a una evaluación de seguridad y conveniencia estratégica por parte de los Estados Unidos, dejando en un segundo plano la presión de los grupos políticos locales por una pronta resolución electoral.