Comisiones unidas del Senado aprueban con modificaciones la nueva Ley General e incluyen sanciones más duras para servidores públicos
CIUDAD DE MÉXICO. — Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron por unanimidad (33 votos a favor) el proyecto de decreto para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. El dictamen, que originalmente provino de la Cámara de Diputados, fue modificado sustancialmente por los senadores para aumentar las penas y fortalecer la protección a las víctimas.
La modificación más relevante se centró en la penalidad. Los senadores determinaron incrementar la pena mínima de prisión a 15 años y un máximo de 25 años. Esta decisión revierte la propuesta original de la minuta, que establecía una sanción mínima de seis años y una máxima de 15 años. Las Comisiones coincidieron en que la penalidad menor propuesta inicialmente podría beneficiar a delincuentes que actualmente cumplen condenas por extorsión.
Puntos clave de las modificaciones aprobadas
El dictamen aprobado incluye adiciones y precisiones cruciales, enfocadas en la especialización de las autoridades y la rendición de cuentas de los servidores públicos:
- Incremento de Penas: Se establece una pena de 15 a 25 años de prisión para el delito base de extorsión.
- Servidores Públicos Corruptos: Se aplicará la pena base (15 a 25 años) más un adicional de tres a cinco años de prisión a servidores públicos o autoridades penitenciarias que faciliten o permitan la comisión de extorsión.
- Omisión de Denuncia: Se impondrá una pena de 10 a 20 años de cárcel a servidores públicos de prevención, investigación o procuración de justicia que se abstengan de denunciar delitos de extorsión que conozcan.
- Tecnología en Penales: Se sancionará con seis a 12 años de prisión a quienes introduzcan sin autorización dispositivos electrónicos (teléfonos, radios, etc.) que permitan la transmisión de datos o voz en centros penitenciarios o de internamiento para menores.
- Unidades Especializadas: Las fiscalías (federales y locales) deberán contar con unidades, ministerios públicos, policías y analistas especializados, evaluados y certificados en materia de extorsión. Mientras estas unidades se crean, las unidades contra el secuestro asumirán dichas funciones.
- Derechos Humanos y Víctimas: Se incluyó explícitamente la disposición de que las autoridades deberán actuar con pleno respeto a los derechos humanos. Además, los recursos económicos obtenidos de decomisos, abandonos o extinción de dominio derivados de la extorsión serán aplicados preferentemente para la restitución de los derechos de las víctimas.
Una vez aprobado por las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva del Senado para ser llevado al Pleno para su discusión y votación final.
