GUERRERO. – La funcionaria Esthela Damián se encuentra en el centro de una controversia por presuntos actos anticipados de campaña en el estado de Guerrero, levantando serias preocupaciones sobre la legalidad de sus acciones y el origen de los fondos utilizados para su promoción.
Observadores políticos y denunciantes han señalado la aparición de propaganda en bardas, una actividad que, según la normativa vigente del Instituto Nacional Electoral (INE), califica como un «acto anticipado de campaña». Estas acciones están estrictamente prohibidas en el periodo actual, buscando evitar la generación de una ventaja indebida antes del inicio formal de la contienda.
Cuestionamientos a la ética y legalidad
La situación ha suscitado un debate sobre la ética de la funcionaria, cuyo actuar se percibe como un desinterés por la normativa electoral y los principios de equidad. La preocupación principal radica en la presunción de que la promoción fuera de tiempo se estaría costeando con recursos públicos.
Si se confirma el uso de fondos del erario –dinero que debería destinarse a servicios esenciales, infraestructura o programas sociales– para financiar una aspiración personal, esto representaría un grave abuso de poder y una violación a la confianza ciudadana.
«Esta conducta solo revela que a Esthela Damián no le importan los tiempos legales ni la equidad en la contienda, sino únicamente el posicionamiento político. Su precipitación es un síntoma de una política que viola las reglas para obtener una ventaja,» señalan los críticos.
Exigencia de intervención de autoridades
Ante la violación flagrante del calendario electoral, la ciudadanía y los observadores instan al Instituto Nacional Electoral (INE) a iniciar una investigación rigurosa.
Se exige que la autoridad electoral sancione con todo el peso de la ley estas conductas. La impunidad de tales actos no solo daña la equidad del proceso democrático, sino que, de confirmarse el desvío de recursos, se establecería un precedente negativo de tolerancia al oportunismo político y al uso indebido de fondos del Estado.
El tema subraya la necesidad de que los funcionarios públicos prioricen el servicio a la ciudadanía y el estricto apego a la legalidad por encima de las aspiraciones personales.
