Estados Unidos – Una coalición de sindicatos, organizaciones religiosas y de defensa de los derechos humanos presentó una demanda federal contra el Gobierno de Estados Unidos por las recientes modificaciones al programa de visas de trabajo H-1B, calificándolas de «ilegales».
El pasado 19 de septiembre, la Casa Blanca emitió un decreto que, entre otras cosas, instruye la imposición de una tarifa de 100 mil dólares para la emisión de nuevos visados H-1B. Además, el Gobierno detalló cambios al programa para dar prioridad a aquellos trabajadores que perciban mayores salarios y cuenten con un alto nivel de formación profesional.
La demanda, presentada ante una corte federal en California, acusa al Gobierno de estar violando la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Argumentan que el presidente «no tiene la autoridad unilateral» para alterar un «esquema legislativo integral creado por el Congreso», ni para imponer unilateralmente tarifas o impuestos para generar ingresos para el país.
El visado H-1B otorga un permiso para que profesionales extranjeros con apoyo de una empresa estadounidense puedan trabajar legalmente en el país. Los cambios han generado división:
- Apoyo: Directores de grandes tecnológicas, como OpenAi y Nvidia, han respaldado las modificaciones, afirmando que ayudarán a atraer a los «mejores» trabajadores y evitarán las problemáticas «loterías» de estos visados.
- Rechazo: Abogados de inmigración y expertos económicos han puesto en duda la legalidad de la decisión de Trump, advirtiendo que los cambios, especialmente la alta tarifa, podrían «acabar por completo» con el programa H-1B.
