Veracruz, México – La Fiscalía General del Estado de Veracruz ha determinado que la muerte de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz, de 62 años, fue provocada por «agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio». La fiscal, Verónica Hernández Giadans, informó que la maestra, que también trabajaba como taxista, fue asesinada el 18 de julio después de negarse a pagar una cuota de extorsión a un grupo criminal.
La noticia se da a conocer después de que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, sugiriera que la muerte de Hernández Cruz había sido causada por un infarto debido a las agresiones. Sin embargo, Hernández Giadans desmintió esta versión y aseguró que la autopsia «cumple con todos los requisitos de ley» y que la investigación continúa.
Detenidos e implicaciones del caso
Hasta el momento, cuatro personas han sido detenidas y se encuentran en prisión preventiva: Octavio ‘N’, Jeana Paola ‘N’, Víctor Manuel ‘N’ y José Eduardo ‘N’. Inicialmente, fueron aprehendidos por delitos contra las instituciones y contra la salud, pero posteriormente se les imputó el delito de secuestro agravado.
Hernández Giadans destacó que las investigaciones continúan para dar con el paradero de otros posibles implicados, y que se ha mantenido en comunicación constante con la familia de la víctima.
El caso de la maestra Irma Hernández generó gran impacto a nivel nacional debido a que, durante su secuestro, se viralizó un video en el que se le veía arrodillada y rodeada de hombres armados. En la grabación, la maestra decía: «Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega, paguen su cuota, como debe de ser, con ellos (…) o van a terminar como yo». Su cuerpo sin vida fue encontrado en un rancho seis días después.
El problema de la extorsión en México
Este crimen subraya la creciente problemática de la extorsión en el país. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se registraron más de 10,804 víctimas de extorsión. La presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado una iniciativa de reforma constitucional al Congreso para homologar las penas y sanciones por este delito, con el objetivo de combatirlo de manera más efectiva a nivel nacional.
