En medio de una creciente controversia por la muerte de la taxista y maestra jubilada Irma Hernández Cruz, la Fiscalía General del Estado de Veracruz emitió un comunicado oficial para respaldar al médico encargado de la necropsia, José Eduardo Márquez Nava, luego de que surgieran señalamientos que ponían en duda su formación y su papel en el caso. La defensa institucional ocurre en un contexto tenso, tras la politización de los hechos y los cuestionamientos al gobierno estatal encabezado por Rocío Nahle.
El peritaje realizado por Márquez concluyó que Irma Hernández sufrió múltiples golpes y un infarto tras ser violentada, lo que en su momento fue presentado como prueba por la gobernadora para sostener que no se trataba de un feminicidio doloso, sino de una muerte “inducida” por la agresión. Sin embargo, la revelación de que el médico solo cuenta con una cédula profesional como médico cirujano, sin especialidad en medicina forense, desató una oleada de críticas y dudas sobre la veracidad y el rigor del dictamen.
Polémica por la falta de especialización forense
Diversos medios de comunicación y ciudadanos documentaron que en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP no aparece ningún título o cédula en medicina legal o forense a nombre de Márquez Nava, solo la cédula de médico general expedida en 2018 por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Este dato generó especulaciones sobre la legalidad y validez del peritaje, sobre todo después de que la propia gobernadora Nahle utilizara dicho dictamen como respaldo en una conferencia de prensa donde minimizó la gravedad del crimen y arremetió contra lo que llamó “odiadores” y “medios que quieren dañar su administración”.
Fiscalía intenta apagar el fuego
En respuesta a la polémica, la Fiscalía de Veracruz publicó el 1 de agosto un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter) en el que afirma que el perito cuenta con la Evaluación de Control y Confianza, registrada ante el Sistema Nacional de Acreditación. Según la institución, esa acreditación es suficiente para avalar sus funciones como médico forense, sin importar que no tenga una especialidad formalmente registrada.
Además, sostienen que el médico posee conocimientos especializados en medicina y patología forense, lo cual, aseguran, le permite ejercer como perito médico conforme a los artículos 368 y 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
“La necropsia fue realizada conforme a los protocolos, con dictamen emitido en apego a la ley”, subrayó la Fiscalía.
Gobernadora entre la presión y el descrédito
La controversia por la muerte de Irma Hernández ha escalado rápidamente hacia una crisis política para el gobierno de Nahle, quien ha intentado contener el daño con declaraciones que han sido calificadas como insensibles. Su afirmación de que “les guste o no les guste, fue un infarto” ha sido duramente criticada por colectivos feministas, abogados y ciudadanos, que señalan que la narrativa oficial parece más interesada en deslindar responsabilidades que en hacer justicia.
La exigencia ciudadana no se centra solo en el dictamen forense, sino en la forma en que el caso ha sido manejado por las autoridades, con opacidad, desinformación y uso político de la tragedia, en un estado golpeado por la violencia contra las mujeres y la impunidad.
El caso aún no está cerrado
Aunque la Fiscalía ha cerrado filas en torno a su perito, la legitimidad del dictamen seguirá bajo escrutinio, especialmente si los familiares de Irma Hernández u organizaciones independientes deciden impulsar una segunda autopsia o una revisión internacional del caso. La falta de una especialidad forense registrada y el tono confrontativo del gobierno estatal solo han alimentado la desconfianza.
Mientras tanto, el nombre de Irma Hernández se suma a la larga lista de mujeres víctimas de violencia en México, muchas de ellas doblemente revictimizadas por autoridades que, en lugar de buscar justicia, parecen más interesadas en protegerse a sí mismas.
